Juicio por Plan Cóndor: 40 años y 11.000 kilómetros en busca de justicia
La Diaria / 6 de julio de 2019 | Escribe: Nadia Angelucci, desde Roma en Política
Después de un largo recorrido, el juicio en Italia por el Plan Cóndor se acerca a una nueva sentencia.
“Zelmar Michelini me sugirió escribir todo lo que había pasado aquella noche. Y seguir escribiendo todos los detalles de los pedidos formales que presentaba, los encuentros que ocurrían, los hechos que surgían durante la búsqueda de Daniel y de los muchachos que habían sido secuestrados con él”, cuenta Aurora Meloni. Era 1974, y ella tenía 23 años y dos hijas pequeñísimas la noche en la que el comisario Hugo Campos Hermida se presentó en el umbral de su apartamento de Buenos Aires. Campos Hermida se llevó a su esposo, Daniel Banfi, a Luis Latrónica y a Guillermo Jabif.
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En octubre de 1976 Cristina Mihura dejó Argentina cruzando la frontera de Misiones. Llegó a Río de Janeiro y desde allí se embarcó hacia España. Su viaje todavía no había terminado. Llegó a París, a Suecia, y finalmente, en 1977, a Italia. Y llevó consigo su denuncia. Su marido, Bernardo Arnone, había desaparecido el 1° de octubre de 1976 junto con muchos otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo.
Meloni, a su vez, había llegado a Suecia en 1974. También ella decidió mudarse a Italia, el país del que provenía su familia, y, al igual que Mihura, trabajó para dar a conocer su denuncia desde el primer día.
El 16 de octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón, apoyándose en el principio de la jurisdicción universal, logró que el ex dictador chileno Augusto Pinochet quedara en prisión domiciliaria en Londres. Ese hecho despertó las esperanzas de quienes no lograban obtener respuestas en los tribunales nacionales latinoamericanos debido a las leyes de impunidad.
Meloni vivía en Montevideo en ese entonces y recuerda las reuniones con las organizaciones de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos. En esos encuentros empezó a tomar forma la idea de presentar denuncias en otros países.
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En 1999, el 9 de junio, Meloni y Mihura llegaron ante el fiscal Giancarlo Capaldo y presentaron denuncias por el homicidio de Daniel Banfi y la desaparición de Bernardo Arnone, ambos ciudadanos italianos.
“No tengo una idea clara de cuándo supe de la existencia de la Operación Cóndor”, dice Mihura. “Todos habíamos sufrido los efectos de lo que llamábamos coordinación represiva, pero no habíamos oído hablar de la Operación Cóndor. Fue en algún momento de las investigaciones de Garzón que surgió en mí la idea de que Bernardo había sido una víctima de la Operación Cóndor”.
Asimismo, Meloni recuerda: “Presentamos una denuncia y solicitamos una investigación para comprender qué había sucedido con los miembros de nuestras familias. La idea del Plan Cóndor llegó más tarde, y fue el fiscal Giancarlo Capaldo quien la planteó. Capaldo nos escuchó, creyó en nosotras y comenzó la investigación”.
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El juicio por el Plan Cóndor surgió entonces de ese trabajo conjunto que Capaldo elaboró hasta formular una acusación firme: “No quería empezar una búsqueda a partir de una tesis prefabricada, entonces recopilé todos los pequeños elementos para poder reconstruir los episodios individuales, y a partir de allí fui a buscar la conexión común que abarcaba todas las historias. El vínculo común que identifiqué, y con el cual formulé las acusaciones, fue el hecho de que las desapariciones individuales eran parte de operaciones militares, o de servicios secretos, que involucraban a docenas de personas. Todo esto estaba dirigido a la represión y aniquilación de movimientos políticos, sociales, sindicales, y tenía origen en las juntas cívico-militares”.
“Sólo razonando con esta perspectiva se podría entender que las desapariciones no sólo dependían de quienes actuaban materialmente, sino de un acuerdo internacional secreto, que ahora es denominado Plan Cóndor, por el cual los países del Cono Sur habían actuado conjuntamente para perseguir a sus opositores también fuera de los territorios nacionales. El juicio fue estructurado de esa manera porque quise respetar la realidad histórica de los hechos”, afirma Capaldo.
El 10 de julio de 2006 el fiscal cerró la etapa de investigación del juicio y pidió 146 órdenes internacionales de arresto. De estos 146 acusados sólo 33 llegaron al juicio. Esto se debe a que algunos países, por ejemplo Argentina, no otorgaron la autorización para actuar contra sus ciudadanos o no quisieron notificarlos de las actas. En otros casos los acusados ya habían fallecido.
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