El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución del Parlamento instaurando una dictadura, en el marco de una escalada golpista en otros países del Cono Sur de América Latina. En el caso uruguayo era la tercera vez que, en el siglo XX, un presidente electo constitucionalmente daba un golpe institucional, aunque eral la primera vez que lo hacía con la participación protagónica de las Fuerzas Armadas.
No fue un acontecimiento repentino e inesperado, sino que se trató del desenlace de un largo proceso de deterioro del sistema político democrático, claramente reconocible a partir de 1968, pero cuyas raíces más profundas deben ubicarse, en el contexto de la Guerra Fría, en la crisis económica surgida a mediados de la década de 1950 y la conflictividad social derivada de esta situación.
El abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas fueron estrategias empleadas desde los últimos años de la década de 1960 para contener la alta movilización política y gremial y reprimir los focos de guerrilla urbana Ello explica que en el momento del golpe ya se hubiesen producido detenciones, censuras y prohibiciones, además de haberse comprobado que la aplicación de torturas a detenidos era una práctica habitual.
El abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas fueron estrategias empleadas desde los últimos años de la década de 1960 para contener la alta movilización política y gremial y reprimir los focos de guerrilla urbana Ello explica que en el momento del golpe ya se hubiesen producido detenciones, censuras y prohibiciones, además de haberse comprobado que la aplicación de torturas a detenidos era una práctica habitual.
La disposición reiterada de “medidas prontas de seguridad” (un instrumento constitucional previsto para casos de excepción) a partir de 1968, permitió la suspensión de las garantías individuales, la limitación de la libertad de expresión y de prensa, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de las actividades sindicales. Asimismo, se decretó la “militarización” de funcionarios de los sectores público y privado que se hallaban en conflicto, se allanaron reiteradamente los locales universitarios y se incrementó el uso de la fuerza en la represión de la protesta social. A pesar del rechazo multitudinario a la muerte del estudiante Líber Arce, la escalada represiva fue en aumento.
La alianza de militares y civiles que gobernó desde la disolución del Parlamento, en sintonía con las orientaciones de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional y del neoliberalismo económico buscó promover transformaciones profundas en la política, la economía y las sociedad uruguaya. Entre sus primeras medidas el nuevo régimen suspendió la actividad de los partidos políticos y decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), disponiendo la clausura de todos sus locales y el arresto de sus dirigentes. Por decreto se suprimió el derecho a la huelga de los trabajadores. Para finales de 1973, se había intervenido la Universidad e ilegalizado casi la totalidad de las agrupaciones políticas y estudiantiles de izquierda. A su vez, el control que el régimen tenía sobre la información que circulaba públicamente, ejercido a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación, dificultaba en gran medida la difusión pública de esta situación.
El año se cerró con la instalación de un Consejo de Estado, órgano consultivo, presidido por Martín Echegoyen e integrado por otros civiles, cuyas sesiones no fueron públicas.
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Tomado de la web del Centro Cultural Museo de la Memoria.
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Tomado de la web del Centro Cultural Museo de la Memoria.
